En anteriores artículos hemos explicado los procedimientos y estrategias más adecuadas y efectivas antes los distintos casos de impago dentro de la vía extrajudicial. En esta ocasión, sin embargo, hemos querido avanzar un paso más y llevar a cabo una pequeña investigación que nos permita conocer más detalladamente las características del juicio monitorio cuyo uso en los últimos años nos consta se ha ido generalizando hasta llegar a ser en la actualidad el procedimiento más requerido en el ámbito civil.

El juicio monitorio es un procedimiento judicial creado por la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC) 1/2000 para la reclamación de deudas dinerarias. Se trata de un proceso rápido y sencillo recogido en el artículo 812 de la citada Ley y cuya duración aproximada, según el CGPJ en su memoria anual de 2011, viene siendo de 8,6 meses.

Los formularios para interponer una demanda de juicio monitorio podremos encontrarlos en los colegios de abogados y en las oficinas de información al ciudadano, y será competencia del Juzgado de Primera Instancia del domicilio o residencia de nuestro deudor. Si desconocemos su domicilio o residencia, se ocupará el del lugar en que el éste pueda ser localizado a efectos del requerimiento de pago por el tribunal.

Esta Ley establece que para que nuestra  solicitud sea admitida, la deuda a reclamar ha de ser: liquida, determinada, vencida y exigible.

Según nuestras averiguaciones, a través de este procedimiento podremos reclamar por ejemplo facturas  o recibos impagados, albaranes de entrega que no han sido abonados, deudas de comunidades de propietarios o créditos debidamente documentados. Aunque en un primer momento la cuantía para poder solicitar este tipo de reclamaciones era limitada, actualmente, y tras una reforma llevaba a cabo en el año 2011, no existe límite sobre la cuantía de las deudas que podemos reclamar por este medio.

Sí hemos podido saber, sin embargo, que si la cantidad que reclamamos es inferior a los 2.000 euros, la Ley establece que podremos presentar la solicitud inicial firmada directamente por el interesado y sin necesidad de la intervención de abogado ni procurador. No obstante, y respetando el principio de igualdad en el que se basan los procesos judiciales, si una de las partes acude con abogado, el juez podrá obligar también a la otra parte a personarse con el suyo. Cuando la cantidad reclamada supere el importe mencionado, sí será de obligado cumplimiento que ambas partes vayan acompañadas por sus respectivos abogados y procuradores.

El juicio monitorio dará comienzo una vez remitamos nuestra petición al Juzgado. Para que la solicitud sea válida deberemos facilitar una serie de datos. Entre ellos, serán de especial importancia la identidad y el domicilio del deudor puesto que permitirán que el órgano judicial pueda efectuar las averiguaciones oportunas respecto al demandado. Nos será exigido que indiquemos además la cuantía de la deuda que le estamos reclamando.

La solicitud podrá ser presentada también en nombre de una sociedad, en cuyo caso deberá ir firmada por quien la represente y no podremos olvidarnos de acompañarla del correspondiente poder notarial.

Esta petición inicial de pago frente al acreedor la presentaremos junto con toda la documentación que nos ayude a acreditar la relación entre las partes así como la deuda. Podremos hacerlo de las siguientes formas:

  • Presentando contratos o documentos firmados por el deudor o que incluyan su sello, marca o cualquier otra señal ya sea física o electrónica.
  • Mediante facturas, albaranes de entrega, telegramas, certificados o cualquier otro documento a los que recurrimos habitualmente para documentar los créditos y deudas.

 

Aportaremos copia tanto del formulario como de los documentos acompañados para su entrega al demandado.

Presentada nuestra solicitud, el secretario judicial procederá a su examen. Si considera que concurren circunstancias suficientes para negar su admisión, informará al juez para que adopte la decisión que crea oportuna. Si comprueba en cambio que todo está correcto, la Oficina Judicial procederá a requerir el pago al demandado.

La diligencia de requerimiento se llevará a cabo a través de un funcionario judicial que se desplazará hasta el domicilio del deudor y dejará constancia del resultado. Según hemos podido saber, llegados a este punto habremos de ser pacientes ya que se trata esta de la fase del procedimiento que normalmente más suele demorarse en el tiempo.

Un vez localizado el reclamado y requerido el pago, el deudor dispondrá de un plazo de 20 días para adoptar alguna de las posturas previstas en la Ley. Así, a partir de este momento puede suceder que el reclamado:

Salde la deuda voluntariamente, lo que pondría fin al proceso y se procedería a su archivo. En este caso podrá hacer entrega de la cantidad reclamada directamente al demandante, quien deberá comunicarlo por escrito a la Oficina Judicial para que archive el expediente, o bien ingresar el importe en la cuenta de consignaciones del Juzgado.

-Que se oponga argumentando por escrito que la deuda es inexistente. Dicho escrito tendrá que ir firmado por el abogado y procurador en todos aquellos casos en los que la cuantía reclamada supere los 2.000 euros. El juez procederá en este supuesto a archivar los autos del procedimiento monitorio para acudir a continuación a un procedimiento declarativo, verbal u ordinario.

Que deje transcurrir el plazo y no abone la deuda ni exponga los motivos. Se procederá entonces a poner fin al procedimiento mediante un decreto del secretario judicial en el que fijará la cantidad que se puede reclamar en el posterior proceso de ejecución.

Nuestra pequeña investigación nos ha hecho llegar a la conclusión de que este procedimiento, además de sencillo y rápido, es también altamente eficaz ya que, gracias a la documentación  a la que hemos tenido acceso, hemos podido comprobar que el porcentaje de éxito en la gestión de cobro que ha obtenido hasta la fecha ha sido muy elevado.

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